A principios de 2022 entrará en vigor la modificación de la Ley General de
Defensa de los Consumidores y Usuarios, y por lo que respecta a la garantía de productos esa modificación consiste en la ampliación de los plazos de garantía, pasando de 2 a 3 años para aquellos productos vendidos a partir del 1 de enero de 2022, debiendo los fabricantes asegurar las piezas de repuesto de sus productos durante 10 años, y no durante 5 años, como hasta ahora.

El plazo de garantía será de 2 años para el suministro de contenidos o servicios
digitales en tanto que la trasposición conjunta de la Directiva UE 2019/770 de
servicios digitales amplía la aplicación de los derechos de los consumidores a
estos contratos.

Otra novedad favorable a los consumidores, es la relativa a la carga de la prueba que se amplía de 6 meses a 2 años, es decir, es el periodo en el que el consumidor no necesita demostrar la falta de conformidad del producto.

Como ejemplo ponemos la compra de un coche a partir del 1 de enero de 2022, la garantía es de 3 años, y durante los dos primeros años, cualquier error, salvo que se demuestre lo contrario, se considerará fallo de fábrica. Pero para que la marca mantenga la cobertura legal de un coche, el propietario deberá cumplir con las revisiones oficiales que establezca el fabricante, independientemente
del taller en que las realice. Hay que tener en cuenta que esa protección no cubre el arreglo de las piezas por su desgaste (las pastillas de freno, por ejemplo) o por falta de mantenimiento. Además, la garantía legal de 3 años deberá ampliarse en función del tiempo que el vehículo haya estado en reparación (si permanece en el taller 15 días, en 15 días debe ampliarse)

Se trata de una adaptación del Derecho Europeo, es decir, se incorpora al Derecho Español la Directiva Europea (UE) 2019/771 de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, que debía trasponerse a nuestro ordenamiento antes del 1 de julio de 2021, pero esas modificaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2022, para mantener la apuesta europea por la sostenibilidad y racionalización del consumo incluida en la Agenda Europea del Consumidor.